El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, han decidido dar el impulso definitivo para el inicio de las obras del futuro muelle deportivo, pesquero y comercial del norte de Tenerife
La obra prevista deberá suponer una inversión mínima de 70 millones de
euros, con los que se actuará sobre una superficie en tierra de 80.000 metros
cuadrados y una lámina de mar de 340.000 metros cuadrados. Tendrán cabida más
de 500 atraques deportivos y 50 atraques pesqueros; una superficie para
actividades comerciales y de ocio de 10.000 metros cuadrados; y un aparcamiento
de 1.700 metros cuadrados.
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, el Gobierno de Canarias y el Cabildo
Insular de Tenerife, han decidido dar el impulso definitivo para el inicio de
las obras del futuro muelle deportivo, pesquero y comercial del norte de
Tenerife, a la espera de que prospere el requerimiento que el ejecutivo
regional ha remitido a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el
Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que
revoque o deje sin efecto los condicionantes recogidos en el informe, emitido
el pasado 21 de diciembre, por el que autorizó la adscripción del dominio
público marítimo-terrestre a la Comunidad Autónoma de Canarias.
La iniciativa será sometida a la consideración del Consejo de
Administración de Puertos Canarios, que decidirá iniciar el procedimiento
administrativo que permita al capital privado construir el nuevo puerto
deportivo de Puerto de la Cruz, a cambio de su concesión administrativa durante
los próximos 30 años.
Así lo han dado a conocer el Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino
Rivero, acompañado por el Consejero de Obras Públicas y presidente de Puertos Canarios,
Domingo Berriel, el Vicepresidente primero del Cabildo Insular, Carlos Alonso,
y el Alcalde de Puerto de la Cruz, Marcos Brito.
En total, la obra prevista deberá suponer una inversión mínima de 70 millones de euros, con los
que se actuará sobre una superficie en tierra de 80.000 metros cuadrados y una
lámina de mar de 340.000 metros cuadrados.
En ese espacio, tendrán cabida más de 500 atraques
deportivos y 50 atraques pesqueros; una superficie para actividades comerciales
y de ocio de 10.000 metros cuadrados; y un aparcamiento de 1.700 metros
cuadrados.
Uno de los atractivos del sistema que se empleará para
la concesión administrativa es la modularidad permitida para la inversión, por
la que se permitirá comenzar a explotar la zona terrestre de aprovechamiento
del puerto, mientras se concluyen las obras en el mar.
Los inversores interesados en construir el puerto deportivo dispondrán de
seis meses para presentar sus proyectos, una vez que el anuncio de inicio del
plazo se publique en el Boletín Oficial de Canarias. A cambio de la concesión
para construir y explotar durante 30 años las instalaciones, la empresa
concesionaria deberá asumir también la construcción de la dársena pesquera,
como parte del canon anual que deberá abonar a Puertos Canarios.
Una vez evaluados todos los proyectos que se presenten a la licitación, se
prevé que el Consejo de Administración de Puertos Canarios proceda a otorgar la
concesión administrativa dentro de un año aproximadamente, y las obras deberán
comenzar en el plazo máximo de seis meses desde ese momento.
Según el cronograma previsto, dentro de algo más de tres años se concluirá
la primera fase de los trabajos, que supondrán la puesta en explotación de las
instalaciones terrestres, mientras continúan los trabajos en la lámina de agua
durante los siguientes seis años.
El objetivo de la intervención es mejorar la Red de Puertos Canarios, con
la ampliación del actual muelle existente en el Puerto de la Cruz, al mismo
tiempo que se dota al municipio de un nuevo polo de desarrollo, que sirva para
mejorar su atractivo turístico.
Los inversores que se presenten al proceso de licitación deberán tener
también en cuenta que podrían ampliar su ámbito de actuación en cerca de 200
atraques, de prosperar el requerimiento que el Gobierno de Canarias.
Las administraciones públicas canarias entienden que la Administración
Central se ha extralimitado en sus atribuciones e invade competencias en
materia de Puertos que son propias de la Comunidad Autónoma, al imponer, pese a
ese informe favorable, hasta 6 condiciones previas y 15 condiciones generales
muy negativas sobre el Proyecto modificado, de tal modo que lo hacen
prácticamente inviable o irreconocible.
El pliego de condiciones para la
licitación del Puerto, que en un principio se corresponde con el proyecto
recortado, recoge estas circunstancias, por lo que se permitirá al
adjudicatario ampliar las instalaciones portuarias, si el Estado accede al
requerimiento presentado. Informa Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Puerto
de la Cruz.
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