El
consistorio ha interpuesto la primera multa por importe de 1.000 euros,
advirtiendo que la Ley de Residuos de Canarias multiplica la sanción

La ordenanza municipal tipifica que
las sanciones locales pueden alcanzar los 2.000 euros para los propietarios,
mientras que se advierte que los expedientes sancionadores incoados por el
Gobierno de Canarias según la Ley de Residuos autonómica, que tipifica a los
automóviles en abandono como material peligroso y contaminante, pueden
multiplicar notablemente esta cuantía.

“Estamos hablando de un elemento que
seguramente ya supone un desecho para el propietario, pero debe saber que su
responsabilidad no acaba cuando deja de hacer uso del vehículo, sino hasta que
presenta la baja de la circulación del mismo y se garantiza su retirada de la
vía pública, debiendo conocer que el propio Ayuntamiento ofrece la gratuidad de
este servicio con sólo dar cuenta de renunciar a la propiedad y autorizar la
baja, evitando así las indeseables sanciones y los problemas que se generan en
materia de seguridad, medio ambiente, accesibilidad y estacionamientos”.
Las áreas de Medio Ambiente y de
Seguridad y Emergencias, que dirigen los concejales Alexis Hernández y Noelia
González, respectivamente, se han coordinado para seguir llevando a cabo a lo
largo de los últimos meses estas acciones con el asesoramiento de los servicios
jurídicos municipales, quienes darán cuenta al ejecutivo autonómico para que
inicie los correspondientes procedimientos sancionadores que les competen.
Lamenta
el alcalde realejero que “se da la circunstancia además de que un número
importante de este tipo de denuncias tienen que ver con vehículos de
propietarios que ni siquiera residen en nuestro municipio y que vienen a hasta
Los Realejos para depositarlos ya como residuos contaminantes”.
En
este sentido, Alexis Hernández advierte que “siempre es bienvenida la
colaboración vecinal, por lo que rogamos que ante situaciones como ésta se
ponga en conocimiento del abandono de vehículos ante la Policía Local de Los Realejos
para proceder a la correspondiente identificación, notificación al propietario,
ejecución de la retirada cuando se estime cumplido el plazo voluntario y la
consiguiente comunicación al Gobierno de Canarias ya mencionada”.
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