El gobierno local elevará al pleno un convenio de
cooperación con la comunidad autónoma para recibir y dar trámite a estas líneas
de apoyo económico
El
Ayuntamiento de Los Realejos someterá a aprobación en la próxima sesión
plenaria local el convenio de cooperación con el Gobierno de Canarias para
recibir y dar trámite a las solicitudes de ayudas económicas transitorias que
presenten los pensionistas canario-venezolanos retornados a la comunidad
autónoma y que abona el ejecutivo regional.
Según
el Estatuto de Autonomía de Canarias y las Leyes Generales del Estado, “gozan
de la condición política de canarios los ciudadanos españoles con vecindad
aministrativa en cualquiera de los municipios de Canarias”, pero añade que
“como canarios, gozan de los derechos políticos definidos en este Estatuto los
ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última
vecindad administrativa en Canarias y acrediten esta condición en el
correspondiente Consulado de España, así como sus descendientes inscritos como
españoles, si así lo solicitan”.
Explica
la concejala de Bienestar Social, Olga Jorge, que “con este convenio, el
Ayuntamiento de Los Realejos y la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda del Gobierno de Canarias materializan las actuaciones de gestión de
estas ayudas económicas, facilitando la tarea administrativa de su trámite como
administración más cercana a la ciudadanía, dirigidas expresamente a esos
canarios retornados que actualmente no perciben su pensión de jubilación por
parte del Estado venezolano aún teniendo este derecho adquirido”.
A
partir de este convenio, será requisito necesario que las solicitudes de estas
ayudas se presenten por los interesados en el Ayuntamiento del municipio de
residencia permanente. El consistorio debe, por tanto, prestar asesoramiento a
las personas interesadas en el reconocimiento de esta ayuda económica
transitoria, recepcionar, registrar y valorar las solicitudes, evaluarlas y
verificar los requisitos de los solicitantes (edad, emigrante retornado,
empadronamiento, residencia permanente en Canarias, sin recursos económicos
suficientes y con derecho reconocido a la pensión de jubiliación en Venezuela)
y remitirlas a la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración del
Gobierno de Canarias.
A partir del día siguiente a la suscripción del presente convenio, el Ayuntamiento
deberá abrir el plazo de solicitudes cuya finalización será el 1 de octubre de
2018, de acuerdo al modelo
facilitado por el Gobierno de Canarias. A medida que se
vayan presentando las solicitudes se procederá por el área municipal de
Bienestar Social a valorar e informar las mismas, debiendo ser remitidas en el
plazo de los veinte días naturales siguientes al ya citado departamento
autonómico.
Según
argumenta el propio convenio, “el principal problema al que se
enfrentan los canarios retornados de Venezuela es el cobro de las pensiones
generadas allí durante su vida laboral, amparadas por los
Convenios Internacionales en materia de Seguridad Social de la Organización
Internacional del Trabajo, ratificados por ambos países, y por el específico
Convenio
de Seguridad Social entre España y Venezuela, firmado el 12 de
mayo de 1988 y en vigor desde 1 de julio de 1990”.
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