Salvador García critica a la Dirección General de Costas por su falta de implicación en la protección del talud cuando es su competencia
El Ayuntamiento de Los Realejos mantiene cerrado totalmente el acceso y uso de la Playa del Socorro. El alcalde de la Villa norteña, Oswaldo Amaro Luis, informó de que la prohibición se hizo efectiva, “para garantizar la seguridad de los numerosos usuarios que posee esta zona de la costa realejera, dado que se han producido desprendimientos de la ladera que rodea dicho espacio”. Tal y como agregó el mandatario se trata de una medida a modo preventivo “que tomamos en noviembre tras el temporal de lluvia que sufrió el municipio, y que ahora la Demarcación de Costas nos ha recomendado que mantengamos dicho cierre”.
La playa permanece cerrada a todo tipo de uso, con lo cual queda prohibido el acceso y permanencia tanto peatonal como de vehículos, además de la realización de cualquier actividad acuática: pesca, surf, baño o paseo por la arena. El edil subrayó que de esta manera “damos cumplimiento al criterio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de acotar las zonas de baño y paseo ante cualquier circunstancia de peligro, debiéndose proceder al cierre total del acceso a cualquier zona sobre la que se hayan producido o hubiera probabilidad de producirse, desprendimientos o caída de materiales”.
El concejal delegado de Servicios del Consistorio, Salvador García Díaz, subrayó que “la playa continuará sin permitirse su uso, mientras se mantenga el riesgo de desprendimientos desde el acantilado y hasta que se efectúen las obras correspondientes de seguridad”. Además, y también como medida preventiva, se ha cerrado la cafetería que se ubica en la zona.
Salvador García informó de que “esta situación se produce tras la tromba de agua que sufrió este municipio el pasado 16 de noviembre, cuyos efectos ha provocado que el acantilado se haya visto afectado y se hayan detectado posibilidad de desprendimientos”.
Salvador García incidió en que “hemos procedido de esta manera de conformidad con el artículo 115 d) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Según dicha normativa es competencia municipal mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza y salubridad así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración General del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas y dentro de la competencia general sobre seguridad en lugares públicos contenida en el apartado a) del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local”.
Crítica.
Salvador García mostró su indignación con la Dirección General de Costas ante “la falta de sensibilidad e implicación de la Dirección General de Costas en las funciones de protección y conservación de los elementos que integran el dominio público marítimo terrestre, cuando es clara la competencia del Estado según se desprende del citado artículo de la Ley de Costas”.
El edil recuerda que el 23 de noviembre el Ayuntamiento envió un escrito a la citada dirección general, en el que explicaba los efectos que sufrió el talud de la playa tras la tromba de agua del día 16. Salvador García lamenta que contestaran a dicho documento “asegurando que el talud al final del aparcamiento de la playa está peligroso y recomiendan el cierre de la playa hasta tanto se corrija la situación de peligro”.
A juicio del concejal “la Dirección General de Costas se lava las manos y no aporta ninguna solución o compromiso de financiación para ejecutar una actuación que consolide y mantenga dicha ladera”. “Lo indignante –a juicio de Salvador García- es que de la normativa y jurisprudencia sobre playas no se deduce en modo alguno una obligación exclusiva del Ayuntamiento en relación con la preservación de los riesgos derivados de desprendimientos de acantilados que bordean la playa, acantilados de carácter demanial por naturaleza cuyas facultades de tutela y policía corresponde al Estado”
En esta línea concluye Salvador García que “el Estado no puede ser ajeno a dicho riesgo, máxime cuando nos hallamos ante unos acantilados que respaldan una playa de alta ocupación, calificada como apta para el baño”. El edil de Servicios criticó además que “el Gobierno estatal se comprometió en la década de los 90 y previa firma de un convenio con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, a ejecutar las obras de refuerzo de la ladera que no ha efectuado, cuando cuentan con los informes geológicos pertinentes elaborados por el Cabildo y cuantificados económicamente”.
Por último, el edil de Servicios hizo un llamamiento a la población para que “cumplan estrictamente con esta prohibición”.
El Ayuntamiento de Los Realejos mantiene cerrado totalmente el acceso y uso de la Playa del Socorro. El alcalde de la Villa norteña, Oswaldo Amaro Luis, informó de que la prohibición se hizo efectiva, “para garantizar la seguridad de los numerosos usuarios que posee esta zona de la costa realejera, dado que se han producido desprendimientos de la ladera que rodea dicho espacio”. Tal y como agregó el mandatario se trata de una medida a modo preventivo “que tomamos en noviembre tras el temporal de lluvia que sufrió el municipio, y que ahora la Demarcación de Costas nos ha recomendado que mantengamos dicho cierre”.
La playa permanece cerrada a todo tipo de uso, con lo cual queda prohibido el acceso y permanencia tanto peatonal como de vehículos, además de la realización de cualquier actividad acuática: pesca, surf, baño o paseo por la arena. El edil subrayó que de esta manera “damos cumplimiento al criterio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de acotar las zonas de baño y paseo ante cualquier circunstancia de peligro, debiéndose proceder al cierre total del acceso a cualquier zona sobre la que se hayan producido o hubiera probabilidad de producirse, desprendimientos o caída de materiales”.
El concejal delegado de Servicios del Consistorio, Salvador García Díaz, subrayó que “la playa continuará sin permitirse su uso, mientras se mantenga el riesgo de desprendimientos desde el acantilado y hasta que se efectúen las obras correspondientes de seguridad”. Además, y también como medida preventiva, se ha cerrado la cafetería que se ubica en la zona.
Salvador García informó de que “esta situación se produce tras la tromba de agua que sufrió este municipio el pasado 16 de noviembre, cuyos efectos ha provocado que el acantilado se haya visto afectado y se hayan detectado posibilidad de desprendimientos”.
Salvador García incidió en que “hemos procedido de esta manera de conformidad con el artículo 115 d) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Según dicha normativa es competencia municipal mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza y salubridad así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración General del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas y dentro de la competencia general sobre seguridad en lugares públicos contenida en el apartado a) del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local”.
Crítica.
Salvador García mostró su indignación con la Dirección General de Costas ante “la falta de sensibilidad e implicación de la Dirección General de Costas en las funciones de protección y conservación de los elementos que integran el dominio público marítimo terrestre, cuando es clara la competencia del Estado según se desprende del citado artículo de la Ley de Costas”.
El edil recuerda que el 23 de noviembre el Ayuntamiento envió un escrito a la citada dirección general, en el que explicaba los efectos que sufrió el talud de la playa tras la tromba de agua del día 16. Salvador García lamenta que contestaran a dicho documento “asegurando que el talud al final del aparcamiento de la playa está peligroso y recomiendan el cierre de la playa hasta tanto se corrija la situación de peligro”.
A juicio del concejal “la Dirección General de Costas se lava las manos y no aporta ninguna solución o compromiso de financiación para ejecutar una actuación que consolide y mantenga dicha ladera”. “Lo indignante –a juicio de Salvador García- es que de la normativa y jurisprudencia sobre playas no se deduce en modo alguno una obligación exclusiva del Ayuntamiento en relación con la preservación de los riesgos derivados de desprendimientos de acantilados que bordean la playa, acantilados de carácter demanial por naturaleza cuyas facultades de tutela y policía corresponde al Estado”
En esta línea concluye Salvador García que “el Estado no puede ser ajeno a dicho riesgo, máxime cuando nos hallamos ante unos acantilados que respaldan una playa de alta ocupación, calificada como apta para el baño”. El edil de Servicios criticó además que “el Gobierno estatal se comprometió en la década de los 90 y previa firma de un convenio con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, a ejecutar las obras de refuerzo de la ladera que no ha efectuado, cuando cuentan con los informes geológicos pertinentes elaborados por el Cabildo y cuantificados económicamente”.
Por último, el edil de Servicios hizo un llamamiento a la población para que “cumplan estrictamente con esta prohibición”.
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